El ministro Francisco Undurraga ha puesto sobre la mesa una apuesta clara: la Ley de Donaciones Culturales debe convertirse en el eje de un nuevo modelo de financiamiento para las artes en Chile. El diagnóstico que la sustenta es correcto y urgente. Las arcas fiscales no alcanzan, la demanda cultural crece y la dependencia exclusiva del Estado genera una fragilidad que ninguna política pública seria puede ignorar. En ese sentido, la dirección es la adecuada: diversificar las fuentes de financiamiento no es un retroceso, sino una madurez institucional que otros países han alcanzado hace décadas.
El instrumento existe y no es menor. Un beneficio tributario de hasta un 63,5% convierte a Chile en uno de los países con mayor incentivo formal para la filantropía cultural en la región. El problema no está en la ley, sino en su activación. La gran mayoría de los proyectos autorizados por el Comité de Donaciones Culturales permanecen sin financiamiento privado, no porque sean de baja calidad, sino porque el encuentro entre donantes potenciales y creadores nunca ocurre. Hay una brecha de visibilidad e intermediación que la norma, por sí sola, no puede cerrar.
La propuesta de construir una “bolsa de proyectos” orientada al sector privado apunta en la dirección correcta, pero necesita precisarse. Un registro de proyectos autorizados ya existe; lo que falta no es más catálogo, sino un servicio activo de conexión. El Ministerio debería asumir un rol de intermediario inteligente: identificar cuáles proyectos son más afines a los intereses de qué empresas, facilitar el primer contacto y reducir la fricción burocrática que hoy desalienta incluso a quienes tienen voluntad de donar. La diferencia entre una base de datos y una bolsa funcional está en ese trabajo de vinculación.
La ronda de reuniones con Sofofa, la CPC y el Consejo Minero es un paso necesario, pero insuficiente si se queda sólo en la difusión de beneficios tributarios. Las empresas no se convierten en mecenas por conocer una tasa de descuento: se convierten en mecenas cuando identifican un proyecto que les hace sentido, cuando el proceso es simple y cuando el resultado es visible. La estrategia de alianza público-privada requiere, por tanto, un componente de acompañamiento sostenido, no solo de convocatoria inicial.
Hay además una dimensión que la propuesta deja sin respuesta: la ciudadanía. Si el objetivo es construir una cultura de filantropía —y no solo de mecenazgo corporativo—, es necesario abrir el modelo a donantes individuales, fundaciones y comunidades locales. Una ley robusta no puede depender únicamente del ciclo de negocios de las grandes empresas; necesita una base más diversa y resiliente de apoyos. Ese ensanchamiento del modelo es también una forma de democratizar quién decide qué cultura se financia.
El fortalecimiento de la Ley de Donaciones Culturales es una oportunidad real, pero su éxito dependerá de algo más que voluntad política y buenos incentivos fiscales. Dependerá de la capacidad del Estado para actuar como un articulador eficaz: cuantificar el embudo de proyectos sin financiar, diseñar mecanismos concretos de encuentro entre creadores y donantes, y establecer criterios de calidad artística transparentes y legítimos. Si el Ministerio logra dar ese salto —de administrador de fondos a conector activo de ecosistemas—, la ley dejará de ser un buen instrumento subutilizado para convertirse en el pilar de un nuevo pacto cultural chileno.
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