Hace unos días, en la inauguración del año académico del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile, Carmen Romero, reconocida gestora cultural y directora de Teatro a Mil desde hace más de 30 años, abordó los persistentes problemas de financiamiento cultural en el país. En su intervención, sugirió que algunas empresas con fundaciones asociadas podrían estar donándose dinero a sí mismas.
Legislación vigente sobre fundaciones y donaciones en Chile
Las fundaciones en Chile son organizaciones sin fines de lucro reguladas principalmente por el Código Civil (artículos 545-564) y la Ley N° 19.885 (Ley de Donaciones con Fines Sociales), entre otras normativas. Estas deben tener objetivos claros, transparentes y de beneficio social, cultural, educativo u otros fines altruistas.
Las fundaciones deben contar con un directorio (mínimo presidente, secretario y tesorero) y estatutos aprobados por el Ministerio de Justicia, que garanticen su funcionamiento y alineación con la ley.
Incentivos tributarios para donaciones:
La Ley N° 19.885 y otras normas (como la Ley de Donaciones Culturales o la Ley N° 21.015 sobre inclusión laboral) permiten a empresas y personas naturales descontar parte de las donaciones como gasto o crédito contra el impuesto a la renta. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley N° 19.885 establece que los contribuyentes pueden obtener un crédito equivalente al 50% del monto donado, imputable contra el impuesto a la renta.
Para acceder a estos beneficios, las donaciones deben dirigirse a instituciones inscritas en el registro de donatarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y cumplir con requisitos específicos, como acreditar el destino de los fondos.
Las empresas también pueden donar a fundaciones propias o vinculadas, siempre que estas cumplan con los requisitos legales de una fundación sin fines de lucro y no exista un beneficio directo para la empresa donante.
Transparencia y fiscalización:
Las fundaciones deben presentar memorias y balances anuales al Ministerio de Justicia. Si tienen un patrimonio superior a $4.000 millones o ingresos anuales sobre $2.000 millones, deben someterse a auditorías externas.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) supervisa que las donaciones cumplan con los requisitos para acceder a franquicias tributarias, incluyendo la acreditación del uso de los fondos.
Asidero de la crítica
La crítica de que las empresas “se donan a sí mismas” al transferir recursos a fundaciones propias o vinculadas tiene ciertos fundamentos, pero no es del todo precisa. Analicemos los puntos clave:
Fundaciones vinculadas a empresas:
Es común que grandes grupos económicos creen fundaciones para canalizar sus iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE). Ejemplo: las Fundaciones Familia Luksic, que apoyan causas como educación y ayuda en catástrofes.
Legalmente, estas fundaciones deben operar de manera independiente, con objetivos altruistas y sin generar beneficios directos para la empresa donante. Sin embargo, la crítica apunta a que, en la práctica, algunas empresas podrían usar estas fundaciones para:
Mejorar su imagen pública (RSE como estrategia de marketing).
Obtener beneficios tributarios significativos, ya que el 50% de la donación puede descontarse del impuesto a la renta.
Mantener cierto control sobre los recursos donados, ya que los directivos de la fundación suelen estar vinculados a la empresa.
Vacíos legales y falta de transparencia
Como señala un análisis de la Biblioteca del Congreso Nacional, la Ley N° 19.885 no especifica claramente la procedencia de los fondos donados ni prohíbe explícitamente que las empresas donen a fundaciones propias. Esto genera un “vacío” que puede dar pie a prácticas cuestionables.
Por ejemplo, en el caso de donaciones recaudadas de clientes (como los “vueltos” en supermercados o farmacias), las empresas pueden aparecer como donantes ante el SII y obtener beneficios tributarios, aunque los fondos provengan de terceros. Esto ha sido criticado por figuras como la senadora Isabel Allende, quien aboga por transparentar el origen de las donaciones.
Casos de abuso
En 2023, el Senado chileno analizó traspasos de recursos fiscales a fundaciones, destacando casos de irregularidades en organizaciones como Democracia Viva, donde se cuestionó el uso de fondos públicos. Aunque este caso involucra recursos estatales, refleja una preocupación más amplia sobre la falta de fiscalización en el manejo de fondos por parte de fundaciones, incluidas aquellas vinculadas a empresas privadas.
Históricamente, investigaciones como la de CIPER (2015) han revelado que grandes conglomerados (como los grupos Matte, Luksic o Angelini) han utilizado donaciones a campañas políticas o fundaciones para obtener beneficios tributarios, lo que alimenta la percepción de que las donaciones pueden ser un mecanismo para optimizar impuestos más que un acto de filantropía pura. No obstante, no se registran reclamos para el ámbito de la cultura y las artes.
Contrapuntos a la crítica
Legitimidad de las fundaciones empresariales:
No todas las fundaciones vinculadas a empresas son un mero vehículo para beneficios tributarios. Muchas, como la Fundación Banigualdad o las Fundaciones Luksic, financian proyectos sociales reales que impactan positivamente en comunidades, como programas de educación, emprendimiento o ayuda en desastres.
Las donaciones empresariales son clave para sostener organizaciones sociales, especialmente en un contexto donde el Estado no cubre todas las necesidades sociales.
Fiscalización existente:
Aunque perfectible, el sistema chileno incluye mecanismos de control, como la inscripción en el registro de donatarios, auditorías externas y la supervisión del SII. Las fundaciones que no cumplan con los requisitos legales pueden perder su estatus de donatarias o enfrentar sanciones.
Solidaridad chilena:
La Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2020 muestra que el 43% de los chilenos participa en acciones solidarias, lo que refleja una cultura de apoyo a causas sociales. Las donaciones empresariales, incluso a fundaciones propias, pueden ser parte de esta dinámica, siempre que se ejecuten con transparencia.
Estado del Arte
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Nombre de la Empresa
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Nombre de la Fundación
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Año de Creación
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Principales Actividades
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Grupo Luksic
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Fundación Andrónico Luksic Abaroa
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2005
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Promoción de la cultura y el patrimonio chileno, financiamiento de proyectos culturales, restauración de sitios históricos (como el Teatro Municipal de Santiago) y exposiciones artísticas.
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BHP Billiton
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Fundación Minera Escondida
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1996
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Desarrollo de programas culturales en Antofagasta, apoyo a festivales de artes escénicas, exposiciones y talleres culturales para comunidades locales.
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Empresas CMPC
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Fundación CMPC
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2000
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Promoción de la educación y la cultura en comunidades cercanas a sus operaciones, con programas de fomento lector, exposiciones artísticas y actividades culturales en regiones como Biobío y La Araucanía.
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Cencosud
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Fundación Cultural Plaza Vespucio
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1998 (aproximado)
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Organización de eventos culturales, exposiciones de arte, talleres y actividades comunitarias en el entorno del Mall Plaza Vespucio, con énfasis en el acceso cultural local.
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Banco Santander
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Fundación Banco Santander Chile
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2004
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Promoción de la cultura a través de exposiciones de arte, restauración de patrimonio cultural, apoyo a museos y programas de educación artística.
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Limitaciones de datos: Algunas fundaciones no publican el año exacto de creación o detalles específicos de sus actividades culturales, por lo que se usaron estimaciones basadas en el contexto de las empresas. Por ejemplo, la Fundación Cultural Plaza Vespucio tiene menos documentación pública disponible.
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Enfoque cultural: Se priorizaron fundaciones con un componente cultural explícito, como apoyo a las artes, patrimonio o educación cultural, alineadas con la Ley de Donaciones Culturales.
Conclusión
La crítica de que las empresas “se donan a sí mismas” tiene asidero en la medida en que:
Existen vacíos legales que permiten a empresas obtener beneficios tributarios por donaciones a fundaciones propias o por fondos recaudados de clientes, sin plena transparencia.
Algunos casos de abuso o falta de fiscalización han generado desconfianza, como se ha visto en escándalos relacionados con fundaciones y recursos públicos o políticos.
Sin embargo, no todas las donaciones a fundaciones vinculadas son cuestionables. Muchas cumplen un rol social legítimo, y la legislación chilena, aunque mejorable, establece requisitos y controles para garantizar su correcto uso. Para abordar la crítica, sería clave:
Reformar la Ley N° 19.885 para exigir mayor claridad sobre el origen de los fondos donados.
Fortalecer la fiscalización del SII y el Ministerio de Justicia.
Algunos párrafos han sido elaborados con la asistencia de inteligencia artificial para garantizar precisión y claridad en la información presentada.