Emulando el título de un informe que inauguró las reflexiones que el país hizo en materias culturales tras la recuperación de la Democracia, podríamos decir que Chile aún está en deuda con su cultura y, especialmente, con la gestión de su patrimonio. Como sabemos, el patrimonio cultural es la fuente de nuestra identidad y el sello que nos distingue como nación. Lo componen los bienes que nuestros antepasados han valorado y conservado en el tiempo. Conocer nuestro patrimonio nos ayuda a desarrollar una conciencia más aguda acerca de nuestras raíces y nos permite comprender la riqueza de otros pueblos y culturas.

El Día de los Patrimonios, como reza en su definición oficial, es una celebración anual organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca promover el disfrute, conocimiento y reflexión ciudadana sobre los patrimonios en Chile. A través de esta iniciativa, se invita a todas las instituciones y organizaciones del país a abrir sus puertas de forma gratuita y compartir sus patrimonios con la comunidad.

Acabamos de conmemorar su vigésima quinta versión y, pese al mérito que tiene la iniciativa y lo bien que ha calado en el sentir popular, no basta para ponernos al día en lo que ya viene siendo un inveterado reclamo por su falta de atención. No hace mucho una encuesta demostró que el nivel de apropiación de la población chilena sobre su patrimonio e identidad dejó una sensación muy poco agradable, toda vez que casi el 43% de los encuestados no supo explicar de qué se trataba.

Sin embargo, más allá de saber qué entiende la gente por patrimonio y cultura, lo que debería preocuparnos es la efectividad del acceso a museos, teatros y libros, y la satisfacción que la población debiera alcanzar con esas prácticas de consumo cultural. Todas las cifras disponibles proyectan serias dudas sobre la eficiencia de las políticas culturales que hemos orientado al incremento de las audiencias y la generación de nuevos públicos.

Los análisis del sector, basados en los estudios de audiencias y público hechos en muchos países, incluyendo el nuestro, vienen mostrando hace años que las brechas socioeconómicas y de niveles educativos son factores significativos para el consumo cultural. No basta con el crecimiento económico para que la gente consuma, comprenda y valore la cultura, sino que se necesita que tenga experiencias culturales, que estas sean relevantes, comprensibles, que los identifiquen y sean parte de su vida cotidiana.

Uno de los factores fundamentales para poder participar en la vida cultural, radica en que el ciudadano pueda acceder en forma oportuna a la información relevante sobre las acciones provenientes de las organizaciones que tienen como misión ofrecer bienes y servicios culturales. La comunicación de los espacios culturales con sus públicos se constituye así en un factor relevante –aunque no exclusivo- de la mejora de las condiciones de accesibilidad de las personas a los contenidos simbólicos y de esa forma, al menos potencialmente, de sus posibilidades de satisfacer su derecho de acceso a la cultura.

La CEPAL (1994), por ejemplo, ha señalado que los ciudadanos reconocen la existencia y validez de la aplicación de sus derechos culturales en la medida en que participan de ellos en la escala que les es más próxima. Esa escala nos parece es la que corresponde a la de los equipamientos para la provisión de servicios culturales y de gestión del  patrimonio en la ciudad.

Los centros culturales y demás organizaciones dedicadas al cultivo y difusión de las artes y la cultura en un sentido amplio debieran entonces cuidar uno de los aspectos cruciales vinculados con su quehacer. Sin  mecanismos de comunicación con sus audiencias, es difícil poder asegurar a los ciudadanos el contar con un flujo de mensajes que les permitan adoptar las mejores decisiones sobre su inclusión en la dinámica cultural de la ciudad.

La gestión del patrimonio requiere comunicación. Especialmente en aquellas instituciones públicas o con financiamiento público que lo tienen a su recaudo. Mantener a la comunidad al corriente de la oferta cultural es una de las razones de ser de las instituciones financiadas con el dinero de los contribuyentes. Especialmente cuando ellos demandan por mayor acceso a la cultura.

La comunicación en las organizaciones que gestionan el patrimonio es una cuestión transversal relacionada con todas las áreas de funcionamiento de la entidad. De ella depende en buena parte la coherencia de la relación que la organización necesita establecer con todos los colectivos involucrados: el voluntariado, la base social, los profesionales, los financiadores, la administración pública, los beneficiarios.

Sabemos que la comunicación interna/externa aspira a permitir la participación de las personas involucradas en la organización y en su funcionamiento. Y si la comunicación es un elemento clave para su concepción y funcionamiento, debe ser gestionada eficazmente. ¿Se cumplen estas premisas en los gestores del patrimonio de Chile?

Por ello no basta un Día del Patrimonio. Sería conveniente entonces que las autoridades del sector procuraran aún más empeño en presentar a la comunidad una planificación a mediano y largo plazo de cómo pretenden contribuir a que a la comunidad asuma sus responsabilidades frente al sector.

El respeto al patrimonio es la puerta al diálogo intercultural. Ocurre que uno de los papeles de la comunicación social es asegurar la comprensión de los códigos de pertenencia para establecer, sin riesgos de confusiones desestabilizadoras, los necesarios diálogos con otras culturas.

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