Recientemente, Horizontal, el centro de estudios vinculado a EVOPOLI ha publicado el libro Cultura Democrática. Propuestas Culturales para el Chile de hoy (Santiago, 2024, 174 pp).
En la redacción de este volumen de Cultura Democrática concursan un grupo de expertos, de alto nivel, que realizan un diagnóstico certero sobre un ámbito del quehacer nacional, proponen cursos de acción, aplican conocimiento específico. Solo les falta una comunidad interesada que se hagan cargo de las propuestas, las discutan y, de ser factible, lleguen a conformar un estado de opinión que imprima un cambio de rumbo en las políticas públicas.
Los ocho ensayos de Cultura Democrática formulan propuestas de política pública que apuntan a robustecerla. Los textos reflexionan en torno al tema desde diferentes ángulos: la justificación liberal de una política cultural; la importancia y rol de la sociedad civil en la promoción de la cultura;
Buena parte del equipo de redactores del libro -Aninat, de la Cerda, Silva- trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes bajo la dirección de Luciano Cruz-Coke, durante la primera administración del malogrado presidente Piñera. Es el caso de la Directora del Centro de Empresa y Sociedad de la Escuela de Negocios Fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez, Magdalena Aninat, una obvservadora atenta del comportamiento filantrópico en el país.
Cultura y Filantropía en Chile
El capítulo, escrito por Magdalena Aninat, recoge cifras también actuales sobre el continuo incremento del financiamiento para el desarrollo de las artes, la conservación del patrimonio y el acceso a la cultura. En esta tarea, desde que se implementaron las primeras políticas culturales tras el retorno de la democracia, se impulsó el rol de la sociedad civil y la contribución del sector privado. De hecho, una de las primeras políticas públicas fue la Ley de Donaciones con Fines Culturales (Artículo 8° de la Ley N° 18.985), parte de la Reforma Tributaria de mayo de 1990, que estableció incentivos al aporte de privados destinados a iniciativas culturales. Le siguió en 1992 la Ley N° 19.891, que estableció el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) para destinar fondos públicos concursables a iniciativas de creadores, gestores y organizaciones artísticas de la sociedad civil.
Tanto los fondos concursables como la Ley de Donaciones, se han ampliado y actualizado desde su creación, generando un crecimiento de los ámbitos y recursos enfocados al desarrollo de iniciativas culturales y patrimoniales gestionadas por creadores y organizaciones de la sociedad civil.
Desde el retorno a la democracia, escribe Aninat, Chile ha recorrido un largo camino en el desarrollo de políticas públicas orientadas a fomentar la creación artística y la conservación del patrimonio, poniendo fuerte énfasis en la participación de la ciudadanía no solo como espectadora, sino también como agente del desarrollo cultural. Este proceso ha reconocido e impulsado la diversidad, el pluralismo y la libertad, como base fundamental del desarrollo artístico y cultural de la sociedad democrática.
Reconoce Aninat la existencia de tres ejes que, con énfasis, recursos y velocidades diferentes, han sido impulsados por los distintos gobiernos a partir de 1990. En primer lugar, el desarrollo de una institucionalidad en el aparato del Estado, que fue creciendo en relevancia en el poder ejecutivo hasta la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el año 2017.
Un segundo eje transversal a los gobiernos durante estas décadas ha sido ampliar la infraestructura cultural a lo largo el país, un punto fundamental para el desarrollo de las artes y el acceso a la participación cultural de la ciudadanía. Un tercer eje —pilar fundamental de los puntos anteriores— ha sido el continuo incremento del financiamiento para el desarrollo de las artes, la conservación del patrimonio y el acceso a la cultura.
En esta tarea, desde que se implementaron las primeras políticas culturales tras el retorno de la democracia, se impulsó el rol de la sociedad civil y la contribución del sector privado. De hecho, una de las primeras políticas públicas fue la Ley de Donaciones con Fines Culturales (Artículo 8° de la Ley N° 18.985), parte de la Reforma Tributaria de mayo de 1990, que estableció incentivos al aporte de privados destinados a iniciativas culturales. A ella le siguió en 1992 la Ley N° 19.891, que estableció el Fondart para destinar fondos públicos concursables a iniciativas de creadores, gestores y organizaciones artísticas de la sociedad civil, con el que comenzar a pagar “la deuda con la cultura” que los diagnósticos de la época preconizaron.
Atendiendo a la evolución de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como a los cambios en los modelos de financiamiento privado, Aninat pone en duda que Chile cuente hoy con las políticas públicas necesarias para continuar con este impulso hacia el desarrollo artístico y la conservación patrimonial de cara a los próximos años.
La especialista vinculada a la Universidad Adolfo Ibáñez, anota que existen más de 300 mil OSC en el país, con una tasa anual de crecimiento de 8.9%. “Este crecimiento da cuenta de un aumento en la formalización de organizaciones orientadas a actividades de interés público o comunitario, constituidas como juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales, asociaciones sin fines de lucro o fundaciones. No todas estas organizaciones participan del sistema de donaciones vigente, para el que se cuentan al menos una decena de leyes con diferentes incentivos y reglas. Sin embargo, es posible inferir que el aumento en la cantidad de organizaciones conllevaría una mayor competencia por la obtención de este tipo de aportes privados, justo cuando el sistema de donaciones muestra signos de estancamiento”. En un trabajo publicado en el 2022, Aninat había anotado que solo el 3% del total de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro activas logra levantar donaciones y tiene una participación efectiva en el sistema.
Ley de Donaciones Culturales, ¿sigue siendo útil?
La especialista considera que la Ley de Donaciones con Fines Culturales no es la excepción a las limitaciones que se ha diagnosticado para el sistema en su conjunto. “Mas aún, este instrumento ha ido perdiendo su capacidad de allegar financiamiento privado a iniciativas culturales respecto del total donado en el sistema en los últimos años”.
En relación con los donantes, la Ley de Donaciones con Fines Culturales es utilizada principalmente por contribuyentes de primera categoría, seguidos por los del global complementario y, en menor medida, por los de segunda categoría. Sin embargo, según datos del SII, la capacidad de atraer donantes se ha reducido a la mitad en los últimos años, pasando de 845 en 2017 a 471 en 2021. Aunque estos datos están influenciados por la pandemia, que desvió recursos hacia necesidades básicas, la tendencia es decreciente.
Existe una gran demanda insatisfecha de donaciones en el ámbito de las organizaciones culturales. Los datos del SII muestran que la Ley de Donaciones con Fines Culturales ha beneficiado a un promedio de solo 98 organizaciones por año entre 2017 y 2021, lo que representa solo el 0,7% del total de organizaciones de cultura, folklore y patrimonio registradas en el Mapa de Organizaciones de la Sociedad Civil.
El análisis de los informes anuales del Comité Calificador de Donaciones Culturales revela una gran brecha entre la búsqueda de donaciones y su obtención efectiva en el sistema renovado. En promedio, solo se consigue el 10% del monto total que las organizaciones del sector buscan, según los proyectos aprobados entre 2014 y 2020.
La Ley de Donaciones con Fines Culturales ha tenido un alcance limitado en comparación con el potencial existente en la sociedad civil para fomentar el desarrollo cultural. Sin embargo, la nueva Ley N° 21.440, promulgada en abril de 2022, podría mejorar la situación al crear un régimen de donaciones con beneficios tributarios para apoyar a entidades sin fines de lucro. Esta nueva ley corrige varias deficiencias, ampliando los fines de interés público e incluyendo los culturales, simplificando el proceso de registro y entrega de certificados de donación, y proporcionando mayor certeza jurídica a los donantes. Aunque ofrece una menor reducción de costos para las personas jurídicas, sus efectos aún están por verse debido a su reciente implementación.
“En este panorama, argumenta Aninat, la cultura tiene una prioridad mediana: ocupa el quinto de lugar entre una lista de doce ámbitos de interés para los donantes, siendo cuarta en prioridades para empresas y fundaciones donantes, aunque novena para ciudadanos que realizan aportes voluntarios. Por otra parte, diversos estudios de análisis y caracterización de los donantes y el ecosistema muestran una creciente sofisticación de las prácticas filantrópicas, entre las cuales la confianza en el buen uso de los recursos, la gestión profesional y el resultado de cambio esperado (impacto), son factores clave en la decisión de aportes de recursos para distintos tipos de donantes (ciudadanos, empresas, fundaciones filantrópicas)”.
En cuanto a las tendencias del sector, Aninat ejemplifica en los casos de la Fundación Antenna y la Banca Ética, el proceso de diversificación de las contribuciones filantrópicas en el país, al explicar el modelo de financiamiento colaborativo conocido como crowdfunding, la primera; y crowdlending, para la segunda, pues corresponde más abien a una inversión de impacto.
En sus conclusiones, la colaboradora en este libro de Horizontal, reseña los problemas del sector, apuntando a la desigualdad respecto a las posibilidades de participación de los actores comprometidos con el sistema de donaciones, señalando específicamente a la falta de conocimiento en el uso del sistema, la falta de transparencia y fiscalización, agudizada a partir del llamado Caso Fundaciones de 2023, entre otras.
Entre sus propuestas de mejora recomienda la creación de una agencia pública que tenga el mandato de impulsar el aporte de privados a fines de interés público, incluidas las artes y el patrimonio, al estilo de las Charity Commission en Australia y Reino Unido. Sugiere además desarrollar programas orientados a generar en las organizaciones culturales capacidades de gestión de fundraising, a través de fondos catalizadores que no estén orientados a ejecutar un programa, sino a desarrollar la capacidad de organización ( como en el Catalyst Evolve programme del Arts Council de Inglaterra) y, reforzar la transparencia en todo momento, especialmente en el caso de organizaciones que reciben fondos públicos y privados.
Por último, el capítulo escrito por Magdalena Aninat es un aporte actualizado y consistente para desarrollar políticas públicas que sean capaces de promover nuevos modelos de colaboración público-privada que sean apaces de convocar a distintos tipos de actores (donantes, inversionistas, organizaciones culturales y las industrias creativas) para fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en el desarrollo cultural
Recomiendo lectura adicional de este paper:
Bird, M., & Aninat, M. (2022). Inequality in Chile’s Philanthropic Ecosystem: Evidence and Implications. Voluntas, 1(16). https://doi.org/ doi: 10.1007/s11266-022-00541-z.